La ley de cambio climático fija que los municipios de más de 50.000 habitantes deben tener áreas de tráfico restringido. Solo 20 de los 149 consultados sostienen que llegarán a tiempo. Tras este masivo incumplimiento está la falta de diligencia de los ayuntamientos (de todos los colores políticos), que desde hace dos años conocían que la norma les iba a obligar a poner en marcha esas áreas. Pero los consistorios se defienden señalando a su vez al Gobierno, que todavía no ha aprobado el real decreto sobre zonas de bajas emisiones.