El documental refleja la lucha que se lleva a cabo desde distintas asociaciones y colectivos sociales en contra de las Leyes Mordaza, aprobadas por el gobierno en 2015 y cuya aplicación supone un atentado a la libertad de expresión de la ciudadanía, reprimiendo especialmente el derecho a la manifestación y el derecho a la información, lo que se está traduciendo no sólo en multas para informadores y manifestantes, sino en más de un caso, en penas de prisión.

Examinando los datos extraídos del informe del Ministerio del Interior, en los últimos 18 meses, el Estado ha recaudado 131 millones de euros con la Ley Mordaza, por tanto queda constatado el afán recaudatorio de estas leyes y dado que las sanciones por “desobediencia o la resistencia a la autoridad” y “la negativa a identificarse” y/o por “faltas de respeto y consideración” son de las más numerosas, se constata como la arbitrariedad y la ambigüedad en la redacción del articulado han fomentado la falta de garantías judiciales, que manifestamos.

En los últimos meses se suceden los intentos por tomar la iniciativa de reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, Ley Mordaza por excelencia, y apuntarse el presunto tanto de acabar con una ley que cuenta con el rechazo de más del 80% de la ciudadanía.

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