Más del 70% de la financiación evaluada en este informe se proporcionó en forma de garantías, y el resto se repartió entre otros instrumentos. Este alto porcentaje de garantías es especialmente relevante dado el potencial de impago, y por lo tanto de riesgo, que soportan los gobiernos que aventajan los proyectos energéticos financiados. Aparte de la falta de transparencia, hay otras razones por las que las cifras de financiación pública identificadas en este informe son probablemente subestimaciones significativas.