Los ejemplares de cáñamo habían sido manipulados para aumentar su nivel de tetrahidrocannabinol, dando así lugar a la droga. En una de estas inspecciones, la Guardia Civil de Albuñol comprobó que en los dos invernaderos que el investigado poseía en Sorvilán y en Albuñol "había indicios suficientes para creer que no estaba cultivando cáñamo industrial, sino que las plantas habían sido manipuladas". En este marco, los agentes tomaron una muestra de 60 plantas para su análisis y el resto fueron puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Motril.

La Universidad de Granada busca fumadores de cannabis o CBD para realizar un estudio sobre conducción y visión y ofrece a los participantes una gratificación de 10 euros.

La investigación se basa en evaluar la calidad visual de los participantes con pruebas no invasivas y la conducción con un simulador durante varias sesiones.

Los requisitos para participar son: ser conductor habitual, ser consumidor ocasional de cannabis y/o CBD y tener un buen estado de salud general.

Para participar, los interesados pueden contactar a través

Los detenidos, 17 hombres y dos mujeres, ya han sido puestos a disposición judicial por estos hechos. En todos los casos alegaron que sus plantaciones estaban destinadas al cultivo de cáñamo con fines industriales, habiendo hecho germinar las plantas a partir de semillas certificadas que garantizaban un contenido en THC inferior al 0,2 por ciento, como exige la ley en estos casos. No obstante, los agentes confirmaron numerosas irregularidades en estos cultivos, que no contaban con la autorización expresa de la AEMPS.

La operación más importante ha tenido lugar en Albuñol, donde la Guardia Civil de esa localidad durante una inspección en un invernadero donde supuestamente había cáñamo industrial comprobó que el agricultor había manipulado las 6.221 plantas para conseguir sumidades floridas, los conocidos cogollos de marihuana, sin contar con la autorización de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios.

Se trata de la denominada Operación Bazuma, por la que los dos responsables de la plantación han sido investigados. La Guardia Civil también ha descubierto que la empresa beneficiaria de estas plantas es una empresa rumana que tampoco posee dicho permiso. En el contrato suscrito con los investigados se observa que el precio a pagar sería de hasta 300 euros por kilo de materia vegetal, cuando el precio estipulado por el Ministerio de Industria para estas plantas estaría entre 0,15 y 0,20 euros por kilo.

Sesiones extraordinarias serán de 8 meses. Aunque en la Asamblea Legislativa se dictaminó afirmativamente el proyecto de ley que permite el uso del cannabis medicinal y la producción de cáñamo, tendrá que esperar varios meses para que retorne su discusión en el plenario. Relacionada: menea.me/21btu