El consejero de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, ha señalado que la consulta será "escrupulosamente legal" porque pivotará sobre competencias de la Comunidad Autónoma, tal y como recoge el artículo 32.5 del Estatuto de Autonomía de Canarias, y una vez se haya aprobado el decreto regulador amparado en la Ley de Participación Ciudadana de Canarias de 2010.