Se trata de una ciudadana británica, afincada en España desde 2004, que principio había permitido la caza en el terreno de 173 hectáreas que posee. Además de disparar a cinco de sus perros, todos adoptados, hay otro desaparecido y pegaron una paliza a uno de sus caballos. La prohibición tuvo lugar el pasado mes de mayo y asegura que, desde entonces, ella, su pareja y su hija de once años han sufrido amenazas y visitas intimidantes, parándola en la calle e insultándola.