Bueno, pues que sepas que no será una, sino dos. Y no me refiero a que una lleva las del 28 de abril y otra las del 26 de mayo. Eso sería demasiado fácil. Me refiero a que habrá dos empresas realizando el recuento provisional en las distintas convocatorias de cada uno de esos días.
El resumen es el siguiente:
Elecciones del 28 de abril:
- INDRA: Elecciones Generales
- UTE SCYTL-VECTOR-ODEC: Comunidad Valenciana
Elecciones del 26 de mayo:
- INDRA: Elecciones Autonómicas de Asturias, Cantabria, Álava, Navarra, Aragón, Baleares, Murcia, Madrid y Canarias
- UTE SCYTL-VECTOR-ODEC: Parlamento Europeo, Municipales, Elecciones Autonómicas de Castilla León, Castilla la Mancha y Extremadura
¿y esto porqué es así? Pues es bastante lío:
El Ministerio del Interior sacó el 22 de julio una licitación para hacer un acuerdo marco a 4 años para celebrar todas las elecciones de su competencia (generales, municipales y europeas) a presentar el 31 de agosto (nótese las fechas de preparación de las ofertas) con valor estimado de 35.200.000€.
Las empresas que se clasificaron (las empresas debían superar una valoración técnica y una auditoría del CNI) y accedieron a dicho acuerdo fueron dos: INDRA con una puntuación técnica de 29,8 sobre 30 máximos y UTE SCYTL-VECTOR-ODEC con una puntuación de 23,9. A partir de este momento, para cada licitación se saca un contrato basado en el acuerdo marco cuyo criterio de adjudicación es 100% económico (es decir, que la puntuación técnica ya no se tiene en cuenta para nada).
Dicho acuerdo marco indicaba los importes máximos previstos que podrían ofertar las empresas en futuras convocatorias electorales en función de si se trata de uno, dos o tres o más procesos electorales y era vinculante para las empresas. No presentar oferta en una de las licitaciones incluidas en el acuerdo marco o presentar ofertas económicas superiores a las que se ofertaron podría suponer la expulsión de la empresa del acuerdo marco, una multa de hasta 100.000€, indemnización por daños y perjuicios al Ministerio del Interior y la prohibición de contratar con la administración pública hasta 3 años. :-O
La primera licitación que se ofreció dentro de dicho acuerdo marco fue el escrutinio provisional de parlamento europeo y municipales que se publicó con casi cinco meses de antelación. El precio máximo de licitación era de 12.000.000 €. La UTE hizo una oferta de 7.245.660,46€ e Indra 8.999.492€. Así que al ser solo una cuestión de precios, en finalmente se la adjudicaron a UTE.
Posteriormente, a mediados de febrero, Pedro Sánchez anunció el adelanto de las elecciones generales, que se celebrarán el próximo 28 de abril, a organizar con menos de 2 meses de antelación y se sacó la correspondiente licitación para el escrutinio provisional de las elecciones generales.
En este caso UTE hizo una oferta económica por encima del precio máximo, ante lo cual el Ministerio del Interior les descalificó por incumplimiento del requerimiento del acuerdo marco, lo que hace pensar que se trató de una estrategia para asegurarse la no adjudicación debido a que no tenían capacidad para asumirla en tan poco tiempo y con otras elecciones en marcha ya adjudicadas, así que en este caso se la adjudicaron a INDRA por ser la única oferta válida.
Mientras tanto las Comunidades autónomas han encargado cada una sus propias licitaciones (fuera del acuerdo marco que es solo para generales, municipales y europeas) de las que Castilla León, Castilla la Mancha, Extremadura (que se celebran el 26 de mayo) y Comunidad Valenciana (que se celebran el 28 de abril) se las han concedido a la UTE SCYTL-VECTOR-ODEC y en cambio Asturias, Cantabria, Álava, Navarra, Aragón, Baleares, Murcia, Madrid y Canarias (todas el 26 de mayo) se las han adjudicado a INDRA.
Todo esto será transparente para los votantes, pero un jaleo para los representantes de la administración (encargados de transmitir los datos provisionales que se recojan la noche de las elecciones) que tienen que llevar dos tablets con dos aplicaciones distintas y dos teléfonos de atención distintos y que tienen que recibir dos formaciones distintas, para los medios de comunicación que tienen que tomar los datos para publicar desde dos fuentes distintas (aunque parece ser que al menos se han puesto de acuerdo para que el formato sea el mismo) y para las administraciones, que tienen que trabajar con dos contratistas distintos para las mismas elecciones.
Con esto a lo mejor se ha rebajado el coste de organizar unas elecciones a nivel estatal fijando unos precios máximos para los próximos 4 años, pero me temo que al hacer dos licitaciones distintas para generales y autonómicas, se está pagando dos veces por un servicio muy similar y seguramente sería más barato hacerlo todo junto. Entiendo que al ser administraciones distintas las licitaciones son independientes, pero sería más lógico ligarlas de alguna manera que supongo que es lo que se hacía antes del acuerdo marco.
Y para acabar, una pequeña reflexión: ¿os imagináis el cacao que puede haber cómo la gente vote distinto en comunidades y generales o europeas y los resultados de las distintas empresas sean por lo tanto muy dispares? Preparemos las palomitas.