El Gobierno plantea introducir dos nuevos aranceles para los procesos de inscripción en el registro. La propuesta, recogida en un proyecto de ley para transponer varias directivas europeas sobre diferentes materias, se encuentra actualmente en el Senado, que deberá votar su aprobación en las próximas semanas. En caso de aceptarse, los ciudadanos pasarán a pagar un extra de entre 12 y 48 euros cada vez que incluyan títulos en el Registro de la Propiedad y el Mercantil por dos certificaciones electrónicas que hasta ahora no se exigían.
En concreto, el Gobierno propone modificar el artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria, que detalla cómo es el procedimiento a la hora de inscribir un título. La norma vigente no hace ninguna mención a que el registrador deba expedir ningún certificado al tramitar este procedimiento, pero el nuevo texto especifica que deben emitirse dos documentos de este tipo. "Si la calificación es positiva, el registrador practicará los asientos registrales procedentes y expedirá certificación electrónica expresiva de ello (...). Asimismo, expedirá certificación electrónica en extracto y con información estructurada de la nueva situación registral vigente de cada finca", establece el proyecto de ley. No es la primera vez que se intenta incluir este cambio normativo. En 2019, varios grupos parlamentarios rechazaron de forma unánime esta propuesta, recogida en la ley sobre contratos de crédito inmobiliario e impulsada desde el Colegio de Registradores. Estos últimos indicaron que, con el certificado, los consumidores tendrían más información sobre cómo quedaba inscrito su título, pero fracasó porque implicaba un coste extra para el ciudadano de 24 euros. Ahora, el Gobierno vuelve a ponerla sobre la mesa.
Lejos de tratarse de una obligación de una directiva comunitaria, fuentes cercanas al Senado indican que esta modificación ha sido impulsada desde el Ministerio de Justicia para compensar a los registradores por otro cambio legislativo que mermará los ingresos de este colectivo. Se trata de una propuesta recogida en el mismo proyecto de ley —concretamente, en el párrafo inmediatamente anterior— y que prevé hacer gratuito el acceso a los datos básicos del Registro Mercantil. A pesar de ser una exigencia europea, esta medida siempre ha sido vista con malos ojos por los registradores. De hecho, la decana del Colegio calificó de "populista" el pedir la gratuidad de esta información en una entrevista con El Confidencial en diciembre de 2021. Es por ello que fuentes jurídicas consideran que el cambio de la Ley Hipotecaria supone un "regalo arancelario" al colectivo para equilibrar la reducción de ingresos que experimentarán cuando se apruebe la norma.
Teniendo en cuenta que en España se generan al año casi cinco millones de actos inscribibles en el registro y que cada certificación tiene un coste de entre 6 y 24 euros, en la práctica, esta concesión podría traducirse en un incremento de ingresos de entre 58,8 y 235,2 millones de euros para los registradores. Por el momento, el grupo parlamentario del PNV en el Senado ya ha presentado una enmienda en contra de esta medida en la que propone cambiar la redacción de la Ley Hipotecaria para especificar que la nota emitida por los registradores y entregada al interesado por medio telemático se tramitará gratuitamente. "Se trata de un derecho del ciudadano que no cabe ignorar", aseveran en el texto. Asimismo, hacen referencia a la negativa que ya se mostró hacia esta medida en 2019. "También entonces se propuso sustituir la nota de despacho por una certificación y esta propuesta fue desechada por unanimidad. La gratuidad de la nota simple informativa se funda en que no tiene sentido cobrar dicha información, cuando es una consecuencia del asiento abonado por el titular registral, derecho, pues, del ciudadano, no del registrador", aseveran.
Irene Cortés, en el Confidencial.
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