Bien, ahora con pruebas que vienen a desdecir la versión del primer edil y número dos de los populares de Andalucía que, en una entrevista, aseguraba que era cosa de una factura: 1) no es una factura 2) hay pruebas que sostienen que ha sido una práctica sistematizada en el equipo de Gobierno de ese ayuntamiento sevillano.
El Defensor del Pueblo Andaluz lo dice alto y claro. En un pueblo de la provincia de Sevilla han puesto al Defensor de excusa para prohibir la grabación del Pleno a terceros. Los vecinos han pedido ya la anulación de la norma, igual a la que rige en el Ayuntamiento de Sevilla. ¡No pueden modular a su gusto los DERECHOS FUNDAMENTALES! www.sevillaactualidad.com/noticias/provincia/aljarafe/17963-demandan-l