En 2022, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) declaró que España discriminaba a trabajadoras del hogar al negarles el derecho al paro. En junio de 2022, España ratificó el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce ese derecho, y el Real Decreto-ley 16/2022 en septiembre lo incorporó a la ley española. En marzo, el Ministerio de Trabajo anunció que planea presentar una propuesta de real decreto que obligue a empleadores a evaluar riesgos laborales y reconozca el derecho a formarse en prevención de riesgos.
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