Finalmente, parece que olvidamos que la administración pública otorga partidas presupuestarias para el mantenimiento de los centros de acogida municipales. En épocas de crisis económica, deberíamos pedirles a los gobiernos competentes que aplicasen con contundencia la ley de identificación del animal para reducir el colapso en los refugios y, de paso, rebajar el gasto en el bolsillo del ciudadano.
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