Tras la aprobación del parque eólico por parte de la Xunta, el consistorio presentó un recurso administrativo que ni siquiera fue contestado por el Gobierno gallego, el silencio con el que suele responder a todo tipo de quejas. Así que el Consejo recurrió ante el TSXG, acompañando su recurso con los peritajes que ordenó. han sido criticadas por el Gobierno gallego y la patronal, lo que llevó al tribunal y a la asociación Jueces y Jueces por la Democracia a pedir "respeto" a la justicia.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha rechazado el pago de una indemnización a una vecina del área de Muros que sufrió un accidente laboral. La afectada reclamaba 6.593 euros por gastos médicos derivados de esguinces en una rodilla y un tobillo. El motivo por el que el alto tribunal gallego denegó su petición tuvo que ver con que la mujer acudió a la sanidad privada para tratar las secuelas del percance.

Asimismo, aunque el Sergas valoró reconvertir estas dos plazas para que se pudieran cubrir por libre designación, dicha transformación "no se había producido" antes de la convocatoria de movilidad, por lo que "tenían que haber sido ofertadas". Por todos estos motivos, el TSXG ha dado la razón a la CIG y ha anulado este procedimiento interno de movilidad resuelto en 2021, al tiempo que ordena retrotraer el proceso hasta el inicio para que puedan salir todas las plazas.

El TSXG ha recalcado que la paciente entró en el quirófano con una "lumboaciatalgia izquierda y discreta debilidad proximal de esta extremidad inferior (fuerza 4/5) por una hernia discal alojada en el disco intervertebral L3-L4" y que en el postoperatorio, "al despertar de la anestesia general, se evidenció una lesión neurológica severa varias vértebras por encima de la zona intervenida”.

La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la sentencia de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, en la que se absolvió de un delito continuado de prevaricación administrativa al que era en 2021 el alcalde de Baiona Carlos Gómez por haberse retirado cinco multas de aparcamiento.

Fallos que llegan, cabe recordar, tras la sentencia emitida por el Tribunal Supremo (TS) en diciembre. Desde entonces, el TSXG adaptó los criterios para decidir sobre las medidas cautelares, lo que ha llevado a la paralización de una serie de proyectos de calado, para enfado de Alfonso Rueda, que dijo a Galiciapress estar "sorprendido" por estas decisiones que tachó de "inéditas".

El TSXG paralizó varios parques eólicos con el argumento de que no se habían respetado los plazos de consulta pública. Sin embargo, el Tribunal Supremo (TS) corrigió a los jueces gallegos el pasado mes de diciembre, en una maniobra que el sector recibió con júbilo al entender que podía desatascar el embudo judicial. Sin embargo, en un giro inesperado de los acontecimientos, el TSXG cambió de criterio para mantener las medidas cautelares. Sus magistrados se asieron en esta ocasión a los argumentos medioambientales para paralizar los proyectos.

Los magistrados exponen que sus problemas le impiden llevar a cabo su profesión de administrativo «con concentración y responsabilidad».

Como era de esperar, la Xunta y la patronal eólica cargaron contra las sentencias. No se atrevieron a citar explícitamente al juez, pero sí pusieron en duda la independencia del tribunal. El malestar con el ex-líder de la izquierda rupturista gallega mana a borbotones poco que se rasque entre los empresarios del sector, consultados con Galiciapress.

El TSXG ha revocado la sentencia que condenaba a un hombre por andar desnudo de cintura para abajo en su domicilio ante dos menores, hijas de su pareja. En el mes de mayo la Audiencia Provincial de Pontevedra condenó a un año de cárcel a un vecino de Caldas por pasearse desnudo de cintura para abajo ante las hijas de su pareja, de 12 y 14 años, en el domicilio que compartían. Los hechos sucedieron entre enero y marzo de 2019, y el tribunal provincial entendió que el hombre era responsable de un delito continuado de exhibicionismo y provocación

La empresa que gestiona los apartamentos turísticos y la cafetería de Illa Pancha, en el conflicto abierto con el Concello de Ribadeo, que impuso como condición necesaria para permitir el ejercicio de la actividad empresarial en el faro de Illa Pancha, que se mantuviese abierta al uso público la puerta de acceso al dominio público portuario de la isla.