La entrada ilegal de cerca de 800 menores a Ceuta ha desatado una avalancha de preguntas al Gobierno sobre su relación con Rabat en el Portal de Transparencia. Sin embargo, y a pesar de que la mayoría no se refieren a materias reservadas, Interior ha decidido no hacer público ningún detalle del dinero escudándose en que se trata de cuestiones que el Gobierno puede vetar a la opinión pública por tratarse de asuntos que afectan a excepciones previstas en los artículos que afectan a la «seguridad nacional» y «las relaciones internacionales».

La transparencia no es ver la melena al viento de la princesa Leonor en un colegio para privilegiados; esa estrategia por la que han optado los Borbones ni los acerca al pueblo español ni mejora en nada nuestra democracia; diría más bien que hace lo contrario, pues los que no compramos en modo alguno la narrativa de necesidad de esta institución obsoleta sentimos que se nos quiere tratar como tontos, capaces de contentarnos con un Sálvame Deluxe real que nos importa un carajo. Haría mucho mejor el Borbón en propiciar y reclamar ese referéndum..

Dado que el plazo de transposición terminó el pasado 21 de agosto (art. 2.1 de la Directiva), España ya está incumpliendo ésta. En lo que al artículo 19 se refiere, esto implica que cualquier particular debe poder exigir a la Administración que se le facilite gratuitamente copia simple de la inscripción de cualquier sociedad inscrita en el Registro Mercantil. El cobro de cualquier tasa por tal información es, desde el día 21 de agosto, contraria al Derecho Europeo. Ni que decir tiene que el coste actual de las copias simples excede con mucho el

Hace más de dos años que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dejó de publicar mes a mes el informe que desgrana el déficit de tarifa, indicador que mide el desfase entre ingresos y gastos del sistema eléctrico. Se trata de un ejercicio de transparencia que el regulador había desarrollado desde finales de 2017 a instancias del Gobierno de Mariano Rajoy y que el organismo de control y supervisión cortó sin previo aviso en abril de 2019, cuando comenzó a difundir únicamente el dato anual.