De esta forma, el Supremo estaría dando un balón de oxígeno a la conclusión de miles de convocatorias de empleo público de supuesta «estabilización» que se amparan en la Ley 20/2021 y que están basadas en una manipulación. En el preámbulo de esta ley del gobierno de coalición supuestamente progresista se afirma, sin ningún tipo de rubor, que «el TJUE comparte la postura […] de que no cabe en nuestra Administración la transformación automática de una relación de servicio temporal en una relación de servicio permanente».
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