Una paradoja de ese tiempo fue que en el seno de la Iglesia, muchos de cuyos miembros eran un cuerpo represivo más del régimen, otros muchos curas se convirtieron en motor de la solidaridad hacia los represaliados y los púlpitos fueron tribunas de denuncia. El 30 de mayo de 1960 se hizo público un documento rubricado por 339 sacerdotes, en el que se reafirmaban los derechos naturales del hombre y de los pueblos, denunciaba la situación de injusticia en el Estado español y analizaba derechos conculcados al Pueblo vasco y clase obrera.
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