Castilla y León no cuenta con una televisión autonómica como sí sucede en otras comunidades autónomas, pero este servicio público está encomendado a un proyecto privado que carga una mochila importante de irregularidades y polémicas. La primera, que sea una sociedad anónima participada al 50% por dos grupos de comunicación: Promecal liderado por Méndez Pozo (empresario condenado a siete años de cárcel por falsedad documental) y Edigrup, de José Luis Ulibarri (imputado en los casos Gürtel y Enredadera).
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