la novedad lo constituye el hecho de que una trabajadora afiliada, tras años de espera a que la Justicia se pronunciara, ha logrado que finalmente, se declare la responsabilidad del Estado legislador en la mencionada materia. La sentencia obliga al Estado a que se abonen a la trabajadora los salarios de tramitación que no percibió, con sus intereses, por aplicación del Decreto Ley 5/2002, de 24 de mayo, de Medidas Urgentes para la Reforma del Sistema de Protección del Desempleo y Mejora de la Ocupabilidad,
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