El abogado Enrique Lillo, que defiende ante la sala de lo social del TSJM a los trabajadores despedidos del ente público, manifestó que el despido de 829 trabajadores es “una auténtica escabechina, en un proceso plagado de irregularidades. “Han despedido mayoritariamente a trabajadores fijos, trabajadores que aprobaron un concurso para entrar en su día en la empresa, y, en cambio, siguen en su puesto directivos y trabajadores nombrados a dedo por el Partido Popular”.
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