La empresa pagó los 647.872,27 euros, e inmediatamente solicitó su devolución, alegando que la Agencia de Protección de Datos no le había reclamado el pago en el momento oportuno. La Audiencia Nacional y, posteriormente, el Tribunal Supremo han declarado que la AEPD debe devolver a la empresa los importes, más los intereses legales y las costas.
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