El conflicto se originó con los polémicos recortes salariales aplicados por Sanidad a sus trabajadores. En concreto, con la decisión, en 2012, de reducir a la mitad los complementos de carrera profesional y desarrollo profesional. Sanidad optó por reducir en la misma medida -un 50%- las cotizaciones por estos conceptos. Sin embargo, la Seguridad Social entiende que no se debería haber aplicado rebaja alguna en las cuotas atendiendo a la normativa estatal que garantizaba a los funcionarios afectados por los recortes seguir cotizando.
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