Aunque el alcalde, en nombre de la Corporación, firme contratos a sabiendas de que las arcas municipales no podrán cumplir por falta de presupuesto, no comete delito de estafa, según establece una sentencia del Tribunal Supremo, con fecha de 26 de mayo de 2009. El ponente, el magistrado Soriano Soriano, considera que las empresas contratadas deben realizar actuaciones mínimas de diligencia para conocer la falta de liquidez municipal antes de firmar los contratos.
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