Si Cristóbal Montoro cumpliese la Ley de Estabilidad Presupuestaria que aprobó su propio Gobierno en abril de 2012 para meter en vereda a las comunidades autónomas y ayuntamientos, Extremadura y Aragón estarían intervenidas. Los últimos informes de Hacienda se reconoce que estas dos autonomías están desde noviembre en situación de “iniciar el procedimiento de retención” de impuestos, el grado máximo de medidas correctivas que fija el artículo 20 de la citada Ley de Estabilidad. ¿A qué se debe esta arbitrariedad?
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