Canal 9, la cadena que el sucesor de Camps, Alberto Fabra, cerrará aduciendo su enorme deuda, no sólo pagó 7,4 millones de euros a la trama Gürtel en 2006 por el alquiler de las pantallas para seguir la visita de Benedicto XVI a Valencia, también aprobó a dedo la adjudicación de servicios de seguridad para cuidar del material multimedia, sin seguir la normativa administrativa para contratos públicos
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