Fuentes del Gobierno atribuyen el hecho a una equivocación de dos entidades sobre las instrucciones de la orden de abono.La decisión del Tribunal Constitucional de suspender el abono de la paga extraordinaria de Navidad a los 70.000 funcionarios y trabajadores públicos dependientes del Gobierno vasco ha venido a complicar aún más lo que ya de por sí se había convertido en todo un culebrón político y jurídico en torno a una decisión que cuesta casi 208 millones de euros.
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