El proceso se centra en la estrategia coordinada de los regímenes autoritarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, ideada para secuestrar, trasladar, torturar y asesinar a cualquiera que fuera percibido como opositor. Ello incluía a guerrilleros y militantes políticos, activistas sindicales, estudiantiles y religiosos, periodistas o incluso familiares que reclamaban por sus seres queridos.
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