Actualmente no hay impedimento en que un político vuelva o se incorpore a la carrera judicial tras su paso por la política. La participación en la vida política es un derecho de todos los españoles y no debe prohibirse a ningún ciudadano, pero lo que no debe permitirse es que, tras su paso por la política, un cargo público pueda volver a ocupar cualquier puesto en la administración, en especial los que se encargan de controlar a cargos públicos
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