Un grupo de inversores descontentos han puesto 51 demandas contra los reguladores de la Unión Europea por la liquidación de Banco Popular, lo que supone uno de los mayores desafíos legales para la UE y un nuevo ataque contra la normativa del bloque sobre rescates bancarios. El aluvión de casos, enviados al Tribunal General de la UE, es el primer test legal sobre cómo se aplican las nuevas normas bancarias europeas para forzar que los inversores soporten el coste de rescatar a un banco antes de que se emplee dinero público.
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