Cerca de 400 inspectores educativos de todo el Estado, reunidos en Zaragoza, denuncian que la "regulación" de la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés impuesta por la Generalitat valenciana -en contra del criterio expresado ya por el 90% de los claustros docentes y de los directores de instituto de Secundaria- supone una "arbirtariedad administrativa" y constituye un "disparate educativo" de primer nivel.
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