Revocado una ley de la Carta Magna inglesa de 1215 el tribunal supremo de Indiana [EE.UU.] ha sentado jurisprudencia y ha dictaminado que los ciudadanos no pueden oponerse a la entrada en sus casas de las fuerzas del orden, aunque estas lo hagan ilegalmente, sin una orden judicial. El tribunal dictamina que los ciudadanos deben aceptar ser detenidos y luego, si consideran que el allanamiento ha sido ilegal, pueden presentar cargos contra los agentes, pero en ningún caso podrán resistirse o tratar de impedir el paso de la fuerza pública.
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