Esto se te va a cobrar. Con esta frase, dicha a los gritos, respondieron en el mostrador de urgencias de la Fundación Jiménez Díaz a Oscar Benítez, un inmigrante paraguayo sin permiso de residencia, que acudió con un fuerte dolor en la vesícula. Benítez se enfrentaba por segunda vez a la misma respuesta en este hospital de la red pública. La primera, desinformado, pagó lo que pidieron: 390 euros para que le viese un médico. Una exigencia ilegal, puesto que la atención de urgencias está cubierta por la Seguridad Social.
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