Reclama del Gobierno central 1.000 millones que asegura haber dejado de recibir por un sistema de financiación “injusto” que penaliza a los madrileños. Debe tener las cuentas aprobadas antes del 1 de noviembre y presentarlas a Hacienda antes del día 20 del mismo mes. Se niega en redondo a un aumento de la presión fiscal
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