La intervención del mercado de alquileres se llevará a cabo mediante la nueva ley de vivienda, con el compromiso ratificado entre socialistas y morados de aprobarla en el Consejo de Ministros en un plazo máximo de tres meses y de llevarla al Congreso para su aprobación al mes siguiente. Tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos tendrán la capacidad de establecer sus propios índices de precios, y se convalidarán los que ya tengan avanzados
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