La memoria histórica ha vuelto a la primera línea de debate en Castilla y León durante los últimos meses, con la intención de la Junta, en virtud del acuerdo entre PP y Vox, de aprobar un Decreto de Concordia que sustituya al Decreto de Memoria Histórica de abril de 2018. En este contexto, muchos pueblos de Castilla y León se niegan a retirar algunos vestigios del período franquista que han sobrevivido a la Ley de Memoria Histórica nacional de 2007 y al Decreto autonómico de 2018. En muchos casos, con las más variopintas excusas.
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