Por desgracia, ésta es una práctica habitual en España, a pesar de las normativas de control de las exportaciones de armamento desarrolladas primero en el marco de la UE y después en nuestro propio país. España está sujeta al Código de Conducta de la UE en materia de exportación de armas, de 8 de junio de 1998, que entre otras limitaciones establece que no se pueden vender armas a países en los que no se respeten los derechos humanos
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