"Un Estado que oculta cosas a sus ciudadanos, no merece ser llamado un Estado de derecho", dice Jaume d'Urgell, presidente de la Fundación de Derechos Humanos. "Es aberrante que se hayan desactivado en los últimos 11 meses 940.000 tarjetas sanitarias, la inmensa mayoría de inmigrantes". "El proyecto de la Ley de Transparencia es una verguenza. Utilizar así la palabra transparencia es una barbaridad, es mentir abiertamente".
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