El Partido Popular ha puesto sobre la mesa la posibilidad de limitar —o “modular”, según las palabras utilizadas por la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes— el ejercicio de uno de los derechos fundamentales de la Constitución: el derecho de reunión y manifestación. Se trata de una de las iniciativas políticas y judiciales, junto a la imputación de 34 detenidos el 25-S por delitos contra altas instituciones del Estado. Una reforma de este tipo plantea múltiples dudas a los juristas.
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