Las condiciones de trabajo de los funcionarios españoles han propiciado la fuga de los mismos al sector privado, a regiones más cómodas dentro del propio país o al extranjero, según La Información. Sobre todo en los sectores sanitario y educativo. Según datos de la Comisión Europea, desde 2010 más 12.000 científicos e investigadores han abandonado España para buscar empleo en otro país. En pos de atajar dicha fuga de cerebros, el Gobierno ofertó un total de 2.528 plazas públicas en 2019, de las que un 58% estarían destinadas a científicos
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