El gobierno de Rajoy cumple su promesa y prepara la reforma de la Ley Audiovisual para permitir la gestión privada en las cadenas autonómicas. Es el principio del desmantelamiento de un sistema ineficiente, caro e insostenible. Pero la fórmula elegida por el ejecutivo pasará la factura de la reestructuración a las arcas públicas y beneficiará a grupos que no han conseguido sus objetivos económicos y de audiencia en la burbuja de la TDT. Ni cierre ni redefinición del servicio público audiovisual en la era digital.
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