La Fiscalía ha solicitado formalmente la apertura del juicio oral por el conocido como Caso Arona-1. Los delitos de los que se acusa a diecisiete concejales, exconcejales, técnicos, empresarios y policías son los de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y malversación. Además, se pide la asunción de la responsabilidad civil que los denunciantes han cuantificado en 40 millones de euros. Una cantidad que se corresponde al daño que habría hecho a las arcas municipales y que tendrían que desembolsar los acusados de su propio bolsillo.
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