Para la Sala de lo Penal "no puede considerarse que el Parlamento sea una alta institución de la nación española". Por lo tanto, entiende que el acoso del pasado 15 de junio no es un delito competencia de la Audiencia Nacional. Ha decidido que el bloqueo y el acoso de diputados del Parlament de Catalunya del pasado junio se juzguen a la Fiscalía Provincial de Barcelona, que es quien abrió la investigación.
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