Para la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción, «los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles/europeos han sido violados sistemáticamente desde el año 2004 con la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género con la prevaricación de los Magistrados del Tribunal Constitucional español»
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