Desde el franquismo, los Planes de Vivienda han tenido dos objetivos de distinta naturaleza: por un lado, son la forma de la Administración de satisfacer la demanda social de una vivienda para cumplir un derecho reconocido en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948; por otro lado, y que no parece casar mucho con lo anterior, estos planes establecen y persiguen objetivos económicos globales que son ajenos a la política de la vivienda lo que produce el desamparo y el desplazamiento a un segundo plano del derecho al acceso a una vivienda.
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