Hace casi 10 años el Consejo Europeo alertó de que los colegios concertados rechazaban habitualmente al alumnado migrante y pidió un cambio en el modelo de admisión actual que sitúa a España entre los países europeos con mayor segregación escolar. La Ley Celaá contempla medidas para paliar esta situación, pero el desarrollo efectivo está en manos de cada comunidad.
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