En el documento, la coalición recuerda que España es el único país europeo con más de un millón de habitantes que no tiene una norma que obligue a responder las preguntas de los ciudadanos a la administración y señala que el texto que se va a aprobar está por debajo de los estándares internacionales marcados por el Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a los documentos públicos.
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