Los siete magistrados de sensibilidad progresista han avalado, desde hace un año y medio, las grandes leyes de la pasada legislatura, por ejemplo, la ley de eutanasia; el aborto; la ley rider, que pone coto al empleo de los falsos autónomos y garantiza los derechos laborales de las personas que trabajan en el reparto a través de plataformas digitales; la ley Celaá, la vigente ley de educación que acaba con la prohibición de qué colegios que segregan por sexos reciban ayudas y conciertos públicos.

El alto tribunal no valora retractarse en los recursos, aunque teme que en un año el Constitucional le rectifique.

Comunicado.- El Partido Comunista de Venezuela (PCV) se dirige al pueblo venezolano con motivo de cumplirse un año de la nefasta sentencia No. 1.160 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que despojó a la legítima militancia de nuestra organización de su personalidad jurídica y secuestró nuestra tarjeta electoral para entregársela a una junta ad hoc conformada por siete operadores políticos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que nada tienen que ver con la digna militancia comunista...

Albert Dalmau, conseller de Presidència Alícia Romero, consellera de Economia i Hisenda Berni Álvarez, conseller de Esports Esther Niubó, consellera de Educació i Formació Professional Eva Menor, consellera de Igualtat i Feminisme Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística Jaume Duch, conseller de Unió Europea i Acció Exterior Miquel Sàmper, conseller de Empresa i Treball Mònica Martínez Bravo, consellera de Drets Socials i Inclusió Núria Montserrat, consellera de Universitats i Recerca Núria Parlon, consellera de Interior Olga Pan

Un tribunal tailandés ordenó el miércoles la disolución del partido progresista Move Forward, primero en las elecciones generales del año pasado, por considerar que había violado la Constitución al proponer la modificación de una ley contra la difamación de la familia real del país. El Tribunal Constitucional votó unánimemente a favor de la disolución del partido porque su propuesta de enmienda de la ley equivalía a un intento de derrocar la monarquía constitucional del país.

El Comité Europeo de Derechos Sociales da alas a una reforma de calado en 2024 tras declarar que el despido improcedente en España no se ajusta a la Carta Social. Desde 1994 los trabajadores han visto mermada su protección frente al despido. En su resolución, el órgano establecía que la indemnización recogida en la ley no era ni disuasoria para las empresas ni restaurativa para los trabajadores y criticaba el límite de 24 mensualidades impuesto para calcular la indemnización y denunciaba que la legislación impedía indemnizaciones adecuadas...

El nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha enfrentado este martes a su primer bloqueo en su primera votación al no haber sido capaz de conseguir la mayoría necesaria de tres quintos -12 votos- para elegir al que será su presidente los próximos cinco años.

El cuestionamiento de la ley de amnistía por parte del Tribunal de Cuentas también se basa en argumentos similares a los expuestos por el Supremo en la cuestión de inconstitucionalidad planteada ante el Constitucional el pasado miércoles. El órgano fiscalizador estima que la norma vulnera los principios de igualdad y de no discriminación, porque la excepción penal que establece (para los delitos cometidos en nombre de la independencia de Cataluña) no está justificada, afirma, por un criterio objetivo y razonable.

Vox tendrá que pagar una multa de 233.324,22 euros por financiación irregular. El Tribunal de Cuentas, máximo órgano fiscalizador de los partidos políticos y del sector público, ha impuesto su primer castigo a la formación ultra por recaudar fondos prohibidos por ley.

Hace un año la cúpula judicial ganaba el pulso al Gobierno de Pedro Sánchez por la ley de garantía integral de la libertad sexual al negarse a aplicar una disposición del Código Penal con la que se hubieran evitado muchas rebajas de condenas a agresores sexuales. La negativa del Tribunal Supremo a aplicar la amnistía para el delito de malversación por el que fueron condenados los líderes independentistas es la culminación, con un broche de insumisión, de la campaña política que desde el Alto Tribunal se ha exhibido con el tema del procés

Quizá olviden algunos salvadores de la patria con toga que, aunque la ley les ampare a la hora de dictar sin consecuencias los autos y sentencias más imaginativos para satisfacer sus fantasías políticas, la Justicia no es suya. Que un país sin idea de justicia neutral es un país cuya convivencia está en riesgo. Dejen de manosearla. Dejen de avergonzarnos. Si quieren que gobierne su partido político preferido o quieren tumbar leyes que no les gustan, dejen la toga y preséntense a las elecciones.

Mientras nos preocupábamos por Biden ... El Tribunal Supremo es un personaje recurrente en este boletín1, sin duda. Los jueces del alto tribunal no sólo han intervenido activamente en la agenda política durante toda la campaña electoral (tanto en su decisión sobre la 14º enmienda como retrasando lo indecible la sentencia sobre inmunidad presidencial), algo que es ya de por sí relevante, sino que además están, ahí tranquilamente, reescribiendo la constitución y medio ordenamiento jurídico como quien no quiere la cosa.

El Partido Popular, a través de diputada Cuca Gamarra, ha salido a criticar el fallo del Tribunal Constitucional sobre Magdalena Gómez : «Quieren borrar todo delito que afecte a la corrupción del PSOE»

El Tribunal Supremo sentenció en firme que en Andalucía existió durante más de una década un sistema de ayudas que, en la práctica, desembocó en un descontrol total en la adjudicación de casi 700 millones de euros. El dinero tendría que haber ido a empresas y trabajadores, pero fue repartido de forma arbitraria. Las condenas variaron entre la inhabilitación del delito de prevaricación y la cárcel de la malversación: el expresidente andaluz José Antonio Griñán, entre otros, fue condenado a seis años de prisión y el también exmandatario...

El Tribunal Supremo ha confirmado este jueves la condena a 19 años de prisión a un sargento de la Guardia Civil que violó y acosó laboralmente durante cuatro años a una agente subordinada suya en un cuartel de Molina de Segura (Murcia), llegando incluso a amenazarla con obligarla a abortar.

El ruido. Una vez que elDiario.es publicó el 12 de marzo de 2024, un mes y diez días después de la confesión por escrito del abogado de González Amador, Miguel Ángel Rodríguez inició una campaña de bulos y mentiras para tratar de proteger a la pareja de la presidenta, quien en una primera declaración no solo trató de negar la noticia, también afirmó que en realidad era Hacienda quien debía 600.000 euros a su pareja.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha criticado este jueves que el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta, lo sometió a un “tribunal de honor” al acordar su reprobación y ha rechazado dimitir. “Venimos aquí a intentar cambiar este país, con mucha honestidad, llenos de ganas e ilusión. No nos pueden quitar la ilusión ni las ganas. Eso es lo que nos da fuerza (...). Cambiar dinámicas en estructuras tan conservadoras como son la carrera fiscal, como es la Justicia en este país, sabíamos que tenía un coste.