Los Estados, dentro de sus presupuestos, incluyen un apartado de gasto para los costes puramente operativos de los gobiernos. Estos son los gastos públicos en los bienes y servicios que utiliza el Ejecutivo. Dicha partida incluye la compensación de los empleados públicos (es decir, los salarios). En nuestro país se destinó en 2021 el 51,7% del total del gasto en los salarios de funcionarios y personal contratado, 8,5 puntos porcentuales por encima de la OCDE, que utiliza el 43,2% del total.