El Tribunal Superior de Justicia de Israel ha lanzado un ordenamiento interno prohibiendo al ministro de justicia, Itamar Ben Gvir, dar instrucciones operacionales a las fuerzas de seguridad sobre cómo deben actuar durante las manifestaciones y el uso de la fuerza durante las protestas. La sala sentenció en marzo que el ministro de extrema derecha no tenía permitido dar tales órdenes y hoy ha encontrado que Ben Gvir violó ese mandato. Resto de la traducción del artículo en #1

El Tribunal Constitucional será una vez más el campo de batalla en el que los partidos libren algunas de sus principales batallas políticas a lo largo de este año. Será el destino más inmediato de la futura ley de amnistía cuando las derechas presenten sus previsibles recursos y dictará sentencias sobre normas como el Ingreso Mínimo Vital, la ley trans, la del 'solo sí es sí' o la reforma que derogó el delito de sedición, además de otras como la reforma del aborto o la Ley de Memoria Democrática.

Para ser más exactos lawfare es “el uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política, desacreditación o destrucción de la imagen pública de un adversario político”. Y eso, en este país, sólo lo está haciendo la extrema derecha. El Tribunal Supremo ha llamado la atención a Vox porque no hace más que presentar denuncias a la máxima instancia judicial, primero contra las negociaciones para la investidura parlamentaria de Pedro Sánchez, y, posteriormente, a la propia investidura.

En la web de La Moncloa (lamoncloa.gob.es) ha ofrecido un enlace para seguir en directo el acto del Círculo de Bellas Artes. Además, ha emitido el vídeo en directo de la presentación a través de los perfiles oficiales de Presidencia en Twitter, Facebook y YouTube.

Sin duda, el mayor peligro para el Estado de Derecho emana de la parte de la sentencia que concede una amplísima e indiscriminada capacidad para recurrir decisiones políticas que corresponden a otros poderes del Estado. El nombramiento de la Presidencia del Consejo de Estado es una decisión que corresponde al Poder Ejecutivo con la revisión del Poder Legislativo.

El Partido Popular está hasta el tejado de la sede de la calle Génova de que las cosas no le salgan bien, por eso se ha atrincherado en el Senado con su mayoría absoluta y este martes aprobó la reforma del artículo 133 del reglamento para alargar hasta el infinito y más allá, si pudieran, la aprobación de la propuesta de ley de amnistía del PSOE y sus socios parlamentarios, que según todos los portavoces consultados, tiene la mayoría absoluta asegurada y, por tanto, luz verde para su entrada en vigor.

Colapso mental de un soldado israelí que culpa a sus mandos por obligarlo a matar a personas inocentes. "¡Yo he asesinado para vosotros! ¡Con estas manos!, ¿vosotros decís terroristas con sangre en sus manos? ¡Yo he asesinado más de 40 personas para vosotros! ¡Yo asesiné! He pasado 9 años así y ni tan siquiera he recibido una discapacidad. De unidad en unidad. Me jodieron y nadie me proporciona terapia. ¡Y me quejo y chillo! ¡Y me meo por las noches por el trauma! Se acerca y me pregunta: ¿Por qué me has asesinado? ¿Por qué me has asesinado?"

El partido ha pasado 7 millones de euros a la fundación privada que preside Abascal, como publicó elDiario.es, lo que ha motivado que hayan enviado cartas masivas a los militantes para justificar las transferencias.

"(...) es erróneo razonar sobre el indulto y la amnistía como figuras cuya diferencia es meramente cuantitativa, pues se hallan entre sí en una relación de diferenciación cualitativa, es lo cierto que la Ley 1/1984 ni siquiera supone en sí misma manifestación del ejercicio del derecho de gracia, (...)el problema está en determinar si el legislador, que podía precisar ese régimen jurídico, pues no hay restricción constitucional directa sobre esta materia, no ha vulnerado con el contenido de la referida ley otras previsiones constitucionales."

La visita de Yolanda Díaz a Bruselas para reunirse con Carles Puigdemont podría tener derivadas judiciales. El Tribunal Supremo ha dado el primer paso para investigar la denuncia presentada por Sociedad Civil Catalana (SCC) contra la vicepresidenta del Gobierno en funciones por la reunión que mantuvo el pasado 4 de septiembre con el expresidente de la Generalitat catalana huido de la justicia, según apunta un comunicado de la propia SCC. En concreto, desde este asociación aseguran que «el Tribunal Supremo ha dictado una providencia en la que...