Antes de que González-Trevijano fuera nombrado presidente del Tribunal Constitucional, fue rector de la URJC desde 2002 y hasta 2013. Aunque no sin polémica ya que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid llegó incluso a obligarle a dejar el cargo alegando que Trevijano no podía volver a presentarse al rectorado porque los estatutos sólo permitían un máximo de dos mandatos y él ya los había agotado. Durante su rectorado se produjeron escándalos de los másteres del Instituto de Derecho Público de Cristina Cifuentes y Pablo Casado...

¿Estamos ante una nueva embestida de la derecha judicial? ¿El Partido Popular socava al Gobierno fuera del parlamento? ¿La reforma emprendida por Pedro Sánchez ha sido contraproducente? Respondemos a estas preguntas con el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, con su jefe de Política y Tribunales, Marcos Pinheiro, y con la periodista Esther Palomera. Además, contaremos con el análisis de José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, y de Eva Saenz es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza.

Nada más terminar el pleno del Tribunal Constitucional, sobre la medianoche, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet; presidente del Senado, Ander Gil y el Ministro de Presidencia, Félix Bolaños, comparecían. Todos coinciden en que se acatará la decisión, pero también en el precedente peligroso que esto supone. Hablan de "máxima gravedad".

De todas las explicaciones que he visto sobre El Constitucional, me quedo con la de Escolar, que me lo ha dejado muy claro.

El TC ha actuado conforme a la ley. Entra dentro de toda lógica que reconozca al PP su derecho a poder debatir en las Cortes sobre un cambio legal que toca de lleno el núcleo de la Constitución

[C&P] El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado admitir a trámite el recurso del PP contra las dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que debe nombrar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); y rechazar las recusaciones de Unidas Podemos y PSOE contra dos magistrados; adentrándose ahora en el debate sobre la petición del PP para suspender urgentemente la tramitación de esas dos enmiendas en el Senado.

El PSOE ha presentado este domingo dos nuevos escritos ante el TC –uno de alegaciones y otro de personación– para tratar de impedir que dicho órgano acepte, en su reunión de este lunes, la petición del PP de suspender de forma cautelarísima la tramitación de la reforma impulsada por el Gobierno para desbloquear la renovación del citado tribunal. Los socialistas consideran que, en caso de ser admitida la petición de los populares, “vulneraría el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes"

En este escrito el GPP ha adjuntado el acta de la reunión de la Mesa de la Comisión de Justicia en la que se recoge que los letrados de la Comisión aseguraron que hay enmiendas que podrían "no tener una conexión material".

La votación en el Congreso sobre los cambios en el Código Penal y en las mayorías en el tribunal de garantías sigue adelante. La Cámara baja aborda la reforma para modificar también los delitos de sedición y malversación. Los socios del Gobierno habían tildado de “antidemocrático” el plan de los populares.

Enrique Arnaldo, uno de los dos elegidos por el PP para convertirse en magistrado del Tribunal Constitucional, no solo comunicó el 3 de noviembre de 2016 a Ignacio González que se estaba "moviendo" para que el nuevo fiscal general del Estado fuera "bueno" sino que en esa misma charla telefónica le contó algo más: que lo primero era "mover la pieza" principal –la cúpula del ministerio público– pero que luego vendrían los relevos en la Fiscalía de la Audiencia Nacional y en Anticorrupción.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dejado claro cuál es la intención de su partido en la maniobra de última hora para movilizar al Tribunal Constitucional a cuenta de la reforma que este jueves se tramita en el Congreso para desbloquear al propio organismo: impedir el trabajo parlamentario de los diputados. Ha asegurado que el recurso registrado ayer y que hoy mismo se resolverá tiene un objetivo claro: “Al Constitucional le pedimos que la Constitución impida una votación en el Congreso”.

La Comisión Europea envía un informe, a petición de los 27 ministros de Finanzas de la UE, en el que se reafirma en su evaluación inicial sobre el Gobierno de Orbán, y ahora la pelota vuelve a los Gobiernos, que deben decidir antes del 19 de diciembre. La Comisión Europea se reafirma en su evaluación: hay que activar el mecanismo de condicionalidad por la deriva autoritaria del Gobierno de Viktor Orbán y bloquear 7.500 millones de fondos de cohesión. Un análisis que los 27 ministros de Finanzas de la UE no ratificaron el pasado martes en la reu

La obligación de tomar la iniciativa para la renovación del CGPJ recae sobre los Presidentes del Congreso y del Senado. Asumimos como normal que esa obligación sea un mero formalismo que sólo venga a formalizar el reparto de cromos (vocales) acordado entre los partidos. Pero el TC en la S 108/1986 dejó muy claro que ese intercambio es INCONSTITUCIONAL.

Breve hilo de Twitter que explica cómo Zapatero cambió el sistema de elección de los miembros del TC por parte del CGPJ para que en lugar de ser escogidos por mayoría simple se escogiesen por 3/5. Y cómo los miembros del PP llevaron la reforma al TC, así como los argumentos que estos esgrimieron para ello.

El presidente del TC, Pedro González-Trevijano, pone una vela al CGPJ para que haga sus nombramientos porque, sin ellos, será él quien tendrá que asumir con su voto la decisión de rechazar a los dos magistrados designados por el Gobierno.

El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes presentar un recurso de inconstitucionalidad contra un artículo de la ley catalana antidesahucios (Ley 1/2022), que incluía medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Según consta en las referencias, el Consejo de Ministros solicita al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la interposición de este recurso que afectará a un único punto de la ley, ya que, según el Gobierno, se ha alcanzado un acuerdo parcial con la Generalitat para modificar o

La Comisión y el Consejo de Europa insisten a través del Greco en la necesidad “crítica” de renovar el órgano de gobierno de los jueces que bloquea el PP, mientras sus portavoces tratan de sacudirse la responsabilidad la víspera del aniversario de la Constitución y tratan de culpar al Gobierno de la ruptura hace un mes de un acuerdo que estaba cerrado. Cuatro años y dos días con el mandato caducado y las presiones para renovar el Consejo General del Poder Judicial se multiplican incluso fuera de las fronteras españolas para poner fin a un bloqu

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) funciona desde hace casi cuatro años con su mandato caducado, una situación que va camino de llegar hasta el final de la legislatura tras la negativa del PP de Alberto Núñez Feijóo a firmar una renovación cuya negociación estaba muy avanzada. Después de levantarse de la mesa por motivos como la presencia de Podemos en el proceso o de jueces de perfil progresista en las ternas de candidatos, el partido esgrime ahora la intención del Gobierno de modificar el delito de sedición por el que fueron condena

La pregunta de moda es quién manda en el Partido Popular. No quién aparece como jefe, candidato y cara visible del partido, sino quién o quiénes le dan las órdenes. Todas las miradas se dirigen a Isabel Díaz Ayuso, porque es quien está delante y sale en las fotos, pero los análisis coinciden en que tras ella hay otros poderes, tanto políticos como económicos, que, básicamente, luchan por ejercer un control del país desde la sombra y, antes de nada, por salvaguardar sus privilegios.

España no cumple las condiciones de la Comisión Europea a tiempo y se arriesga a no recibir el resto de los fondos europeos de recuperación. Según ha revelado la prestigiosa agencia financiera Bloomberg en un boletín, el mes pasado el estado español se habría saltado "un segundo plazo" para llevar a cabo la reforma de un nuevo sistema de auditoría, una condición fijada por Bruselas a cambio de enviar la siguiente parte de las ayudas de la UE.