El pasado 3 de marzo de 2020 el máximo Tribunal Europeo determinó que el IRPH debía estar sujeto al control de transparencia. Sin embargo, el Tribunal Supremo español dictaminó que el índice se había comercializado sin transparencia pero que ello implicara que la cláusula fuese abusiva, lo que impedía su anulación, algo que diferentes audiencias provinciales no han tomado como doctrina y siguen anulando el IRPH. Las sentencias del Supremo fueron un nuevo ejemplo de «trabajo fino» en favor de la banca.
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