El “impuesto al sol” es tal vez uno de los conceptos que mejor alcanzan a describir la realidad ciudadana actual, en más de un sentido. Su nombre técnico fue “cargo transitorio por energía consumida”, y su aprobación en España data de octubre de 2015. Consistía en que los usuarios de una instalación fotovoltaica, o placa solar, pagasen un tributo estatal por la energía derivada del astro, traducida en energía para consumo propio, al estar conectado a la red eléctrica. Su derogación llegó apenas tres años después.